En Ecuador, los casos de personas desaparecidas han generado polémica e incertidumbre social, sin embargo, la peor parte se la llevan los familiares y amigos de las personas desaparecidas, cuando al parecer las autoridades no pueden manejar planes que arrojen resultados reales en las investigaciones de los que hasta el 2017 fueron 42953, tomando en cuenta que estas cifras se contabilizan por las denuncias puestas en Fiscalía, suponiendo que existen casos de desapariciones de las que no se habla en el Estado, simplemente porque no hay personal apto para empezar una adecuada investigación. Es por eso que como mencionan en la página web de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec) “Nos duele ver como ministros, fiscales, autoridades y hasta el expresidente del Ecuador nos dicen que ahora los fiscales ya se encuentran capacitados, que hay unidades especiales para atender estos casos y hasta se molestan con nosotros cuando denunciamos públicamente que no, que no están capacitados”.
Según un informe comparativo realizado por la Asociación de Familiares de Personas Desaparecidas (Asfadec) el problema en las investigaciones surge directamente del manejo de información de las entidades estatales en comparación a las cifras presentadas por organizaciones como Asfadec. En diciembre de 2017 se llevó a cabo la el Foro “Juntos, hasta encontrarlos” donde se expusieron cifras desde 1990 hasta 2017, donde los casos de personas desaparecidas bordean las 37000, sin embargo, según las cifras manejadas por Asfadec son 4.402 desaparecidos. Esta situación no se entre las cifras comparadas con organizaciones no gubernamentales, ya que fue el mismo ex fiscal Galo Chiriboga quien dijo que no han logrado homologar la información de la Fiscalía y la Dirección Nacional De Delitos Contra La Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión Y Secuestros (Dinased) y en este mismo Foro fue la viceministra de Justicia Lucy Blacio quien mencionó que no se cuenta con estadísticas detalladas sobre los casos de desapariciones; si las autoridades encargadas no tienen una idea clara del panorama en nuestro país; la pregunta es a quién podemos creer, si el Ministerio del Interior se jacta de haber resuelto el 96% de los casos y que solo quedan pendientes 1511, sin embargo, los familiares de los desaparecidos, piden justicia, no para mil desaparecidos sino para 4 mil, eso se evidenció en julio del año pasado en una marcha realizada en Quito. Sus exigencias se basan, primero porque no confían en las cifras dadas por el Estado, segundo porque las investigaciones son superficiales y no responden al porqué de las situaciones, el porqué de las altas cifras al nivel nacional, el porqué del aumento de las cifras en el sexo femenino, es decir, que existe un problema que se investiga, que no se resuelve.
En cuanto a la justicia, Ecuador, parece no estar a la altura para resolver los complejos problemas de la sociedad, “que se deriva tanto de vacíos normativos en la legislación interna; como de la falta de especialización, capacitación y recursos humanos en general de los agentes a cargo de los procesos de investigación; y de los constantes obstáculos e irregularidades en las investigaciones” (Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, 2017, p.2). Cómo podemos pensar que se puede resolver adecuadamente los casos investigados si ni siquiera se cuenta con los recursos técnicos y personales para esclarecer las indagaciones. De ahí que la lucha más grande no es contra la incertidumbre sino contra las entidades encargadas de dar respuesta a los casos de desapariciones.
Por un lado se tiene en cuenta que cuando una desaparición causa conmoción social, es cuando más compromiso existe por parte de las autoridades para resolver el conflicto, sin embargo, cuando las investigaciones no tienen una respuesta inmediata, cuando se extienden por varios meses e incluso años, la presión social disminuye, y las autoridad terminan por olvidar sus promesas, y dejar solo en archivos la investigación. Uno de los casos más recientes y de gran impacto en la opinión pública fue la desaparición de Emilia Benavidez, en donde gracias a la conmoción social y al impacto mediático, las autoridades no tardaron en activar una alerta nacional. Sin embargo, no todos corren con la misma suerte, ya que mucho influye la posición social de la familia, la edad, el lugar de procedencia y el sexo de la víctima. Ya que volviendo a las cifras, en el país, 375 casos, es decir el 25%, corresponde a niños, niñas y adolescentes. Y de estos 375 casos, el 75% son niñas. Y así como las autoridades no dan respuesta, la ciudadanía es ciega a la problemática, nadie más que los familiares de las víctimas son las que luchan por justicia, mientras los casos van en aumento. Uno de los incrementos más alarmantes de estos casos se dio del 2013 a 2014; en 2013 se registraron 451 desaparecidos, mientras que para 2014 la cifra aumentó a 10235, desde entonces las estadísticas no han variado mucho, lo que refleja que no existen resultados alentadores de personas desaparecidas en Ecuador.
A pesar de esto, la fiscalía en su página web www.fiscalia.gob.ec promueve el Sistema de Personas Desaparecidas (SPD) en el que se puede publicar noticias de personas desaparecidas, donde se explica el proceso para denunciar una desaparición y se expresa que “las acciones están orientadas a la localización de la persona y de comprobarse un delito, el inicio del proceso penal”. Esto es corroborado por la Constitución de la República, en la misma que se amparan los familiares de las personas desaparecidas, ya que en su artículo 66, numeral 3, literal c, menciona “la prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes.” Sin embargo, los procesos no avanzan y son archivados por temas de fundamentación legal, ya que la desaparición forzada no es considerada como un delito, y los casos que avanzan son por los agravantes que se derivan de la desaparición, pareciera que en nuestro país, es la misma legislación quien nos pone la soga al cuello, porque por un lado se trata de proteger a la ciudadanía y por otro no se da la importancia debida cuando no se puede condenar a una persona que ha incurrido en la desaparición forzada, así nuestra justicia se convierte en encubridora de delitos e hipócrita con el pueblo al que debe servir.
Continuando con las hipocresías del país, a partir de la desaparición de Emilia Benavidez, mediante convenio con Center of Missing and Exploited Children (ICMEC), para ser parte de la Red Global de Niños Desaparecidos; siendo el primer país de Sudamérica en implementar una alerta en caso de desaparición de niños, niñas y adolescentes. Pero, aunque la alerta tenga como objetivo, la difusión masiva de la información sobre el hecho, en el protocolo que se implementa se resalta que algunas características son determinantes al momento del lapso por el que se difunde la información, por ejemplo di la denuncia fue realizada después de 48 horas “por el lapso de tiempo entre la desaparición y la denuncia, la difusión será solo por 24 horas si llegará a calificar para una alerta de emergencia rápida” de lo que se entiende que el riesgo no es el mismo por el tiempo de tardó en realizarse la denuncia, una resolución absurda, en el que no se toma en cuenta que las denuncias muchas de las veces no se las ponen por el desconocimiento que tiene la familia de las víctimas, por miedo o amenazas, lo que lleva a pensar que en lugar de proteger al menor, se pone en riesgo su vida.
Es por eso que desesperadamente se acude a instancias internacionales ya que en el Convenio Interamericano sobre Desaparición Forzada de Personas en su artículo primero, literal b se compromete a “sancionar en el ámbito de su jurisdicción a los autores, cómplices y encubridores del delito de desaparición forzada de personas, así como la tentativa de comisión del mismo”. Para encontrar una forma de hacer justicia en medio del sufrimiento que conlleva estar en una situación de tal magnitud, que aunque en el país se garantice como se dice popularmente, el papel aguanta lo que le pongan, porque la realidad ciertamente es otra.
Pareciera que al Estado ecuatoriano, poco le importa resolver los casos de desaparecidos y menos aún detener la angustia de miles de familias que día tras día luchan por dar con el paradero de sus seres, es decir, hacer el trabajo que el Estado tiene la responsabilidad de hacer pero que al parecer no es de importancia.
“Debemos saber que un Estado que no garantiza a las víctimas de desaparición y a sus familiares el derecho a una investigación y a saber la verdad –acorde con lo dispuesto en los instrumentos internacionales vigentes– será un Estado que, a largo plazo, favorecerá la impunidad” (Hidalgo, R., 2018).
Es que no se le puede poner nombre al hecho de que las autoridades abandonan a los ciudadanos, aquí ya no caben los eufemismos, aquí no importan los títulos, no importa la denominación; si no se puede acabar con el problema solo reconociéndolo, menos aun dándole la espalda, y anunciando excusas estultas, en Ecuador, irónicamente la justicia está perdida.
MJ AGUILAR 